Las técnicas de psicosociología y la estrategia partidista imperan y dirigen cualquier movimiento político, y el cortoplacismo, el "lo quiero ya" y el "los que vengan detrás que espabilen" fruto de esa falta de valores y principios éticos que deberían hacer prevalecer el bien común al interés particular y determinado de solo unos pocos, hacen una auténtica maraña de líneas cruzadas de afanes partidistas y oscuros condicionantes e inconfesables circunstancias que enturbian lo que debería ser la transparente gestión y buena marcha de toda idea o política emprendida a favor del bienestar general de todos los ciudadanos de un país, una nación o estado. Por desgracia lo vemos cada cuatro años con cada cambio de cambio de gobierno o de equipo gestor. Aparecen y desaparecen cargos de confianza y extraños asesores, primos y avezados empresarios al albur del poder, ejército de colaboradores que se eligen especialmente para que el sistema clientelar descrito siga bien engrasado y no falle.
Salen a la luz frecuentemente noticias de casos de corrupción patentes y demostrados o intuidos y anunciados como muy posibles y veraces, pero que observa uno desde su posición a pie de obra que son luego silenciados o enmascarados bien sea por la prensa afín o por la misma justicia (por desgracia también afín), bien politizada al caso que toque y en el ámbito que sea en función del partido que detente el poder a instancias del suceso que se tercie (caso Bono, caso Palau, Caso Gurtel). Tenemos un poder Judicial que se hace cuestionar a golpe de sentencias que suelen llamar la atención por lo extravagante y por lo mucho que suelen rebasar los cauces que abarcan el sentido común de los ciudadanos de a pie medianamente instruidos, sin pedir demasiado (Ejemplo: caso Estatut de Cataluña socialmente no demandado y en TC tres años hasta que ha medianamente convenido a los políticos; y lo contrario, el caso del fallo también del TC a favor de la presentación de Bildu a las elecciones municipales, tramitado en tiempo y formas record de extravagancia. O los casos que el juez Garzón activaba y desactivaba del cajón de su mesa de un modo que a todos sorprendía por lo discontinuo y extemporáneo). Este vicio que a priori se le antojaría como absolutamente ilógico a cualquier observador no iniciado, dejando en un malísimo lugar a nuestra judicatura, no es más que el resultado de otra patología galopante de nuestro sistema democrático: la politización de la justicia desde el gobierno o desde los órganos autonómicos correspondientes, o bien por medio de las asociaciones de jueces y fiscales que nadie duda en relacionar con partidos políticos. No hay más que referirse otra vez y sin ir mas lejos a la controvertida e inexplicable sentencia del Tribunal Constitucional Español que autorizó a la coalición independentista y presuntamente pro etarra Bildu a presentarse en las pasadas elecciones municipales de Mayo de este año 2011 en el Pais Vasco. Pro etarra más que presuntamente a la vista de los hechos posteriores: las manifestaciones a su favor de los presos políticos de ETA, las políticas de laxitud llevadas a cabo por los gobiernos nacional y autonómico (PSC/PP-PSOE) en fases preelectorales, y a pesar de que este grupo en ningún momento hiciera una condena expresa de la violencia de ETA ni de sus métodos criminales empleados precisamente para abrir camino a sangre y fuego a diversos grupos políticos, como este que nos ocupas, o Sortu, de ese escaso lustre y empaque moral.
Por fin, también se puede citar como otro factor contaminante de la garantía del derecho a la justicia de los ciudadanos la rigidez de unas leyes y sistema procesal que no asegura la igualdad de trato para todo el mundo. Algo tan obvio y necesario para obtener el mínimo éxito ante un contencioso como es tener un buen abogado no está garantizado, de manera que se podría decir que en la práctica, y a pesar de que la teoría dice lo contrario, porque se supone que todos somos iguales (¿Desde cuándo todos los abogados son iguales!!?) solo son atendidas con atención y detalle las grandes causas o casos respaldados por personas o entidades con muchos recursos económicos.
Pero ¿A dónde nos lleva todo esto, que por otra parte no dice nada nuevo y que no se conozca o intuya por, como vengo diciendo, cualquier ciudadano medianamente informado y con criterio mínimamente critico? (Como se puede constatar no escribo para eruditos ni aspiro al parnaso de la “intocabilidad divina” del que goza quien nunca ha roto un plato y mea colonia)
Nos sorprende e indigna que los políticos roben o que algunos grandes empresarios o banqueros prevariquen o estafen entre sí, a sus jefes o al resto de los mortales. O que un grupo de Jueces pueda jugar con la dignidad y legitimidad ante la ley de la gente de bien para beneficiar a un grupo de malhechores, pero solo nos rasgamos las vestiduras ante esos comportamientos en los políticos. Cuando un comprador de una empresa privada se embolsa una comisión a espaldas de su jefe hasta se le aplaude si se intuye el caso. Lo mismo si hay una injusticia que gusta a un colectivo, como en el caso de la Generalidad de Cataluña y su comportamiento incoherente y 180º razonada ante dos sentencias judiciales que le obligan: La del TC que aprueba un nuevo Estatut altamente tóxico constitucionalmente hablando; y la del TSJC que le obliga a aplicar el bilingüismo en la escuela. El mismo colectivo celebra y apoya la insumisión institucional en un caso a la vez que el cumplimiento y acatamiento para el otro.
Para más claridad el ejemplo de la crisis inmobiliaria. Tuvo que haber un insensato endeudándose mucho más de lo que no podía, un banquero o grupo de banqueros con pocos escrúpulos y con su batería de expertos, analistas y redactores de letras pequeñas que le concedió el crédito a ese pobre infeliz a sabiendas seguramente del alto riesgo que ello representaba, y también unos políticos (de tal y/o cual signo) cuando menos irresponsables que no regularon tal atmósfera altamente explosiva legislando a propósito. Finalmente me pregunto si tal conjetura totalmente verosímil podrá ser verificada por algún o algunos jueces, haciendo pagar por igual a cada responsable, o si solo pagará el pato el pobre loco que solo quería una vivienda a toda costa.
CODA
Hace poco he quedado profundamente consternado al comprobar que una persona cercana a mí, mi ex cónyuge, con la que me ha sido imposible establecer unos cauces mínimos de diálogo que permitiesen establecer un proceso de divorcio lo más normal y suave posible para toda la familia, y que me llevó sin remedio a la necesidad de acudir a la justicia (por desgracia infructuosamente para mí y a mi juicio para todos los miembros de la unidad familiar) tras pasar el que suscribe por graves momentos y situaciones personales, está defendiendo y propugnando ante el electorado como cabeza de lista del partido Unión Progreso y Democracia UPyD en las elecciones generales del 20N al Congreso de los Diputados, su avanzado programa electoral en materia de igualdad social.
Dicho programa electoral propone audazmente algo que anhelamos muchos padres y madres separados que no gozamos de la custodia de nuestros hijos, y justamente lo que yo he pedido para mi (para nuestra familia desestructurada) y ella me (nos) ha negado en los juzgados: La custodia compartida (yo pedía un régimen de visitas más abierto que el actual), las mediaciones como solución a los conflictos familiares (me ha rechazado cuatro, no tiene nada que tratar conmigo a pesar de que yo y otros especialistas creo / creen que existen graves problemas que debemos solucionar juntos), la no judicialización de los problemas familiares (estamos en fase de apelación de la sentenciadel juicio que perdí), la corresponsabilidad entre padres y madres (pago una pensión de alimentos más que razonable y no se me tiene en cuenta como padre a la hora de abordar los temas de los hijos a pesar de existir una cláusula claramente incumplida en el convenio de divorcio), igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de los niños a educarse contando tanto con su madre con su padre (toma todas las decisiones que atañen a los hijos por su cuenta. No me informa de colegios, notas, médicos, etc).
Con esta situación, seguramente las cosas seguirán igual y yo no conseguiré nada, puede que hasta menos que eso. Pero la sociedad y el público debería saber que a la hora de elegir a un político o a un compañero de partido no es oro todo lo que reluce. Y sobre todo, que el ejemplo es fundamental en cuestiones de educación. Y eso es algo que no tengo la oportunidad de comunicar a mis hijos las veces que quisiera o que considero justo.
Antonio Juliá
